El incumplimiento del régimen de visitas

En el marco de las crisis matrimoniales, en aquellos casos en los que existen hijos menores o discapacitados cuya custodia ha sido otorgada a uno solo de los progenitores, es necesario establecer ciertas medidas que regulen la relación familiar a partir de ese momento. Dentro de estas medidas, una de las que adquiere mayor importancia es el derecho de visitas.

Concepto de régimen de visitas

El derecho de visitas, comunicación y estancia de los menores de edad, conocido comúnmente como “régimen de visitas”, se configura como un derecho/deber de los progenitores: por un lado, consiste en el derecho a estar en compañía de los hijos, pero a su vez, conlleva la obligación de facilitar la relación paterno/materno-filial con el progenitor no custodio.

Conociendo la importancia que tiene en el desarrollo emocional y personal de los niños, se trata de una cuestión crucial, que no debe ser usada como arma arrojadiza entre los progenitores. Pues la finalidad del régimen de visitas no es otra que la de favorecer el mantenimiento de relaciones del menor con sus padres a pesar de la ruptura de la unidad familiar, para proporcionarles una infancia saludable desde el punto de vista emocional, y un mejor desarrollo personal.

En este sentido se expresa nuestro Código Civil, que en su artículo 94 establece lo siguiente: «el progenitor que no tenga consigo a los hijos menores o incapacitados gozará del derecho de visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía»; y para completar lo anterior, el artículo 160 del CC determina que «Los hijos menores tienen derecho a relacionarse con sus progenitores, aunque éstos no ejerzan la patria potestad, salvo que se disponga otra cosa por resolución judicial o por la Entidad Pública en los casos establecidos en el artículo 161.»

En la misma línea se ha pronunciado el Tribunal Supremo, recalcando la idea de que el régimen de visitas debe velar por el interés superior del menor, y no el de sus padres:

«(…) al decidir sobre la custodia de los menores, los tribunales no han de premiar ni castigar a los progenitores, sino instaurar aquel sistema que ofrezca más ventajas a los menores. No deberá prosperar el recurso que intente la adopción de las medidas que sean más interesantes para los progenitores, dado que no prima el interés del padre/madre sino el de sus hijos.»

Incumplimiento del régimen de visitas

El régimen de visitas se puede regular de dos formas:

  • Mediante acuerdo entre las progenitores, que deberán suscribir un convenio regulador al efecto.
  • Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo, mediante decisión judicial.

En cualquiera de estas modalidades, el incumplimiento del régimen de visitas vendría determinado por el quebrantamiento por parte de alguno de los progenitores, o de ambos, de las normas fijadas respecto a las visitas y estancias con sus hijos. Las situaciones más habituales de incumplimiento del régimen de visitas suelen ser:

  • La no entrega por parte del progenitor que ostenta la guardia y custodia al otro progenitor a cuyo favor se estableció el régimen de visitas.
  • La no devolución del menor por parte del que tiene atribuido el régimen de visitas.
  • El incumplimiento del progenitor no custodio al no recoger al menor en los periodos y días establecidos, etc.

Ahora bien, ¿qué vías de actuación tiene el progenitor frente al incumplidor?

En primer lugar, se debería intentar dialogar con el progenitor que no cumple para evitar que se reiteren posteriores incumplimientos. Si las partes llegasen a un nuevo acuerdo, por medio de una demanda de Modificación de Medidas, concretamente, del Régimen de visitas, los padres podrían modificar las circunstancias actuales y así facilitar el cumplimiento por parte de ambos de las medidas establecidas. No obstante, es importante saber que sería igualmente posible optar por esta vía de la demanda de Modificación de Medidas sin que los progenitores hubiesen alcanzado acuerdo alguno; la podría interponer unilateralmente cualquiera de ellos frente al incumplidor.

De igual forma, desde el punto de vista judicial, se contemplan las siguientes posibilidades:

Por un lado, encontramos la vía de la Demanda de Ejecución de Sentencia, cuyo procedimiento se sigue mediante los trámites previstos en los artículos 699 a 711 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. De este modo, es el Juzgado que dictó la Sentencia de medidas paterno-filiales, o la Sentencia que aprobó el Convenio Regulador, o el Divorcio en su caso, quien se encarga de requerir al progenitor incumplidor para que cumpla con su obligación.

Si incluso después de que haya sido requerido por el Juzgado, el progenitor continua sin cumplir, este podrá ser apremiado mediante multas coercitivas que serán mensuales conforme al 776.2ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esto quiere decir, que el Juzgado le impondrá una multa por cada mes que pase sin cumplir con sus obligaciones desde que se le requirió para ello. Siendo además posible que, en vista del incumplimiento continuado por parte del otro progenitor, se inste demanda de Modificación de Medidas, en esta ocasión, del régimen de Custodia establecido.

Agotada la vía civil, desde el punto de vista penal, el incumplimiento reiterado y contumaz del progenitor puede ser calificado en última instancia como un delito de desobediencia del art. 556 del Código Penal. Este delito persigue la desobediencia grave, de manera que el incumplimiento ha de ser un incumplimiento reiterado, contumaz, persistente, tenaz, perseverante, constante, firme, permanente, insistente, duradero, que impida el cumplimiento del régimen de visitas acordado por resolución legal; esto es así, porque lo que se castiga es la desobediencia grave a una resolución judicial.

Por ello, para que el incumplimiento del régimen de visitas sea calificado como desobediencia grave en el sentido del art. 556, la Ley exige que previamente se haya agotado la vía del requerimiento previo en vía civil y el intento de solución mediante los requerimientos personales de cumplir conforme se acordó en el Convenio o en la Resolución judicial; y de manera adicional, que exista una resolución anterior en la que se haga un requerimiento concreto y el requerido haya mostrado una actitud rebelde a su cumplimiento.

Todo sobre las Uniones de Hecho

La unión de hecho, o pareja de hecho, puede definirse como la convivencia pública y estable que se da entre dos personas de igual o distinto sexo, que poseen intereses comunes y el deseo de desarrollar una vida familiar juntos, pero sin contraer matrimonio.

Regulación

Aunque se trata de una realidad cada vez más frecuente, en el ámbito estatal no existe ninguna Ley que la regule. No obstante, como apunta la mayoría de la doctrina civilista, la unión de hecho tendría base jurídica en la Constitución española, concretamente en su art. 39, dedicado a la protección de la familia, entre otros.

Esto es así, porque el concepto de familia ha ido evolucionando de la mano de nuestra sociedad, de manera que ahora también incluye la unión de hecho, y no exclusivamente el matrimonio.

En palabras del Tribunal Constitucional: «El texto constitucional no hace depender exclusivamente el concepto constitucional de familia a la que tiene su origen en el matrimonio […] ni tampoco la limita a las relaciones con descendencia” STC 19/2012, de 15 de febrero, FJ 5 y jurisprudencia citada).

Ahora bien, a pesar de que nuestra Carta Magna permite la inclusión de la unión de hecho en nuestro Ordenamiento Jurídico, el Legislador estatal aún no se ha decidido a regularla; de esta manera, han sido las Comunidades Autónomas quienes se han encargado de darle cobertura a esta figura en sus respectivas y divergentes Leyes, para evitar así la inseguridad jurídica generada entre las familias no matrimoniales.

De manera específica, en Andalucía, tenemos a nuestra disposición la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho. Esta norma resulta aplicable a aquellas parejas en las que al menos uno de sus miembros tenga su residencia habitual en cualquier municipio de Andalucía, y donde además ninguno de ellos esté inscrito en otro Registro de parejas de hecho.

Su art. 3 define la pareja de hecho como: «La unión de dos personas, con independencia de su opción sexual, a fin de convivir de forma estable, en una relación de afectividad análoga a la conyugal.», añadiendo a su vez, ciertas prohibiciones respecto a las personas que no pueden formar parte de la pareja. Concretamente, contempla dicha prohibición para: menores de edad no emancipados, los que estén ligados con vínculo matrimonial o pareja de hecho anterior inscrita, los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción y los colaterales por consanguinidad en segundo grado.

Nuestra norma autonómica se caracteriza principalmente porque a diferencia del resto de Leyes autonómicas, es la única que no exige ni tiempo mínimo de convivencia para la que la pareja de hecho sea considerada como tal, ni requiere de la inscripción de la misma en el Registro de Parejas de Hecho.

Además, al igual que otras leyes autonómicas, prevé la posibilidad de que las partes establezcan pactos sobre el régimen económico que mantendrán tanto mientras dure la relación, como a su término, pudiendo establecer compensación económica cuando tras el cese de la convivencia se produzca un desequilibrio económico en uno de los convivientes.

De igual forma, la Ley permite que se establezcan pactos entre las partes para los supuestos de disolución de la pareja por causa de muerte. En relación con lo anterior, de manera llamativa, art. 13 de la Ley andaluza prevé además que para los supuestos en que nada se haya pactado al respecto, «en caso de fallecimiento de uno de los miembros de la pareja, el que sobreviva tendrá derecho, independientemente de los hereditarios que se atribuyan, a residir en la vivienda habitual durante el plazo de un año.»

Unión de hecho VS. Matrimonio

Como adelantábamos antes, tanto la unión de hecho, como el matrimonio son considerados familia en el sentido del art. 39 de la Constitución; sin embargo, esto no significa que el tratamiento jurídico de ambas instituciones deba ser idéntico.

La jurisprudencia ha señalado reiteradamente, que no procede la aplicación a las parejas de hecho por analogía legis de normas propias del matrimonio (Por ejemplo: Los arts. 97, 96 y 98 CC), SSTS 12 de septiembre de 2005, 7 julio y 7 octubre de 2010, 6 de octubre de 2011, 6 de marzo de 2014, 15 de enero de 2018.

Así, sobre el uso de la vivienda familiar, el Tribunal Supremo en Sentencia 130/2014, de 6 de marzo de 2014 «La aplicación analógica del artículo 96 está excluida y el reconocimiento de tal derecho mediante la aplicación de principios generales por la vía de la analogía iuris pasa ineludiblemente por negar la falta de título que justifique la atribución de este derecho por ser portadora, en definitiva, del interés más digno de protección y por un tiempo ilimitado, contrario incluso a la regla del artículo 96, que lo limita. (FJ 2)»

Esto es así, porque como ya afirmaba el Tribunal Supremo en su Sentencia 690/2011, de 6 octubre de 2011: «Es más, hoy por hoy, con la existencia jurídica del matrimonio homosexual y el divorcio unilateral, se puede proclamar que la unión de hecho está formada por personas que no quieren, en absoluto, contraer matrimonio con sus consecuencias.»

De ahí que a las uniones de hecho no les resulten de aplicación las mismas consecuencias que para el matrimonio. Ejemplo de ello serían las siguientes:

La pensión compensatoria

El art. 97 del Código Civil exige para el acceso a la pensión compensatoria, entre otros requisitos, la existencia de matrimonio previo y el Código es contundente cuando se refiere a la figura del matrimonio, de modo que no puede aplicarse analógicamente a las uniones de hecho. Sobre este tema se ha pronunciado ya el Tribunal Supremo, quien en Sentencia de 12 de septiembre de 2005, rechazó la existencia de la pensión compensatoria tras la ruptura de una pareja de hecho: «Los efectos económicos serán únicamente, en su caso, los que los propios miembros de la pareja hayan previsto mediante pacto, con la misma libertad con la que decidieron unirse y con los límites generales del art. 1255 CC.»

«En definitiva, a falta de pacto entre los miembros de la unión, cada uno asume las consecuencias económicas de la ruptura, porque, si libre fue la unión, igualmente libre tiene que ser la ruptura para cualquiera de ellos.»

No obstante, es importante recordar que, aunque no se puedan aplicar por analogía las normas del matrimonio a los supuestos de ruptura de la convivencia de las parejas de hecho, es posible recurrir, en defecto de pacto, a los principios generales del derecho, como el del enriquecimiento injusto. Así sucedió en el caso de la Sentencia 306/2011 de 6 Mayo de 2011 (Rec. 2224/2007) del Tribunal Supremo.

Aun así, debe advertirse que cumplir los requisitos para reconocer la existencia del enriquecimiento injusto no resulta una tarea fácil. De acuerdo con la doctrina del enriquecimiento injusto se requiere la concurrencia de un aumento del patrimonio del enriquecido, un correlativo empobrecimiento del actor, la falta de causa que justifique el enriquecimiento y la inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación de tal principio.

La pensión de viudedad

En esta materia sí encontramos una norma específica estatal que trata sobre la pensión de viudedad en parejas de hecho: el art. 221 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Este precepto efectivamente permite que quien se encontrase unido al causante en el momento del fallecimiento por una unión de hecho, perciba la pensión de viudedad. Sin embargo, exige una serie de requisitos adicionales para ello.

Por un lado, la norma exige:

  1. La inscripción de la pareja en el Registro de Uniones de Hecho correspondiente.
  2. Que la pareja de hecho se haya constituido al menos con dos años de antelación.
  3. Acreditar la existencia de la convivencia entre los miembros de la pareja de hecho durante, al menos, los últimos cinco años. Podrá realizarse mediante Certificados de empadronamiento o facturas.
  4. Que el miembro de la pareja fallecido no esté casado con otra persona en el momento de su muerte.

Adicionalmente, la Ley exige a la persona que haya sobrevivido al causante lo siguiente:

  • Que sus ingresos durante el año natural anterior no alcancen el 50% de la suma de los propios y de los del causante habidos en el mismo período. Dicho porcentaje será del 25% en el caso de inexistencia de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad
  1. Acreditar que el fallecido debía haber cumplido un período mínimo de cotización, con las siguientes particularidades:
    • Si el fallecimiento se produjese con el sujeto dado de alta en la Seguridad Social, la Ley exige que hubiera cotizado 500 días durante los últimos 5 años para que su pareja pueda percibir la pensión.
    • Si al momento del fallecimiento NO estuviese dado de alta en la Seguridad Social, tendría que haber reunido, al menos, 15 años de cotización en su vida laboral.
    • Si el fallecido era pensionista, no se le exigirá período mínimo de cotización. Lo mismo sucede en el caso de aquellos que fallezcan por motivo de un accidente laboral o de una enfermedad profesional.

Derechos hereditarios

Por último, sobre los derechos hereditarios en uniones de hecho igualmente nos encontramos con un vacío legal desde el punto de vista estatal. Esto significa que, deberá de estarse a lo dispuesto en la Ley autonómica que corresponda a la pareja en función de su residencia.

En todo caso, resulta aconsejable que se otorgue testamento disponiendo en favor del otro miembro si se desea, consultando con un Abogado los derechos que de forma específica prevé la norma autonómica de aplicación.

¿Qué hacer si estoy en un fichero de morosos? Todo lo que tienes que saber

¿Te ha llegado una notificación de un fichero de morosos? ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿Conoces todo lo relativo a tus derechos?

Ante todo hay que saber que los ficheros de morosidad son legales los más conocidos son :

1. El RAI (Registro de Aceptaciones Impagadas), tiene un ámbito mercantil puesto que en principio sólo recoge personas jurídicas.

2. Elfichero ASNEF (Asociación Nacional de Entidades de Financiación).

3. El fichero de INCIDENCIAS JUDICIALES (Fichero de Incidencias Judiciales y Reclamaciones de Organismos Públicos).

4. Por último, el fichero denominado EXPERIAN.

Pueden darse supuestos de falta de veracidad de los datos inscritos en el fichero, lo que va a suponer la aparición de un perjuicio en el consumidor más allá del deber de soportar, o dicho de otra manera, un perjuicio sin justificación o cobertura legal y consecuentemente, nacido de un acto ilícito.

La sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia por la que establece que

sólo pueden ser incluidos en los ficheros de solvencia patrimonial aquellos deudores que no puedan o no quieran, de modo no justificado, pagar sus deudas pero no “aquellos que están discutiendo con el acreedor la existencia y cuantía de ésta”.

¿Cómo puedo saber si estoy incluido en un fichero de morosos?

1. La empresa debe notificarte la intención de incluirte en un fichero, aunque no exista un plazo establecido para hacerlo.

2. El registro también debe avisarte, y en este caso tiene que hacerlo en los 30 días siguientes a la fecha de inclusión.

3. La notificación deberá efectuarse a través de un medio fiable, auditable e independiente de la entidad notificante, que la permita acreditar la efectiva realización de los envíos.

4. En todo caso, será necesario que el responsable del fichero pueda conocer si la notificación ha sido objeto de devolución por cualquier causa, en cuyo caso no podrá proceder al tratamiento de los datos referidos a ese interesado.

5. No se entenderán suficientes para que no se pueda proceder al tratamiento de los datos referidos a un interesado las devoluciones en las que el destinatario haya rehusado recibir el envío.

6. Si la notificación de inclusión fuera devuelta, el responsable del fichero común comprobará con la entidad acreedora que la dirección utilizada para efectuar esta notificación se corresponde con la contractualmente pactada con el cliente a efectos de comunicaciones y no procederá al tratamiento de los datos si la mencionada entidad no confirma la exactitud de este dato.

Pero esto no siempre se cumple, por lo que recomiendamos ante la duda, dirigirse mediante un medio escrito (correo certificado o email) solicitando que se informe de la existencia de sus datos en el mismo.

El registro tiene que contestarte en 10 días y la solicitud no supone coste alguno, ya que está en tus derechos poder acceder a esa información.

La respuesta debe contener todos los apuntes de morosidad que están a tu nombre, su cuantía, quién es el acreedor y la fecha de inscripción.

¿Es posible salir del fichero de morosos? SI!

1. Pagando y justificando al fichero de morosos el pago mediante comprobante y copia del DNI .

2. La deuda sea anterior a 6 años

3. No quede acreditada la existencia de la deuda.

4. No se haya producido la notificación sobre la inscripción en el fichero de morosos, en los 30 días siguientes.
La deuda se encuentre prescrita

5. No hayan transcurrido 4 meses desde el impago

6. La deuda este siendo discutida en tribunales.

Indemnización en caso de que la deuda sea incierta y se hayan incorporado mis datos en el fichero.

La Ley Orgánica de Protección de Datos indica que si, como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en la citada Ley, el ciudadano sufre daño o lesión en sus bienes o derechos, tendrá derecho a ser indemnizados, máxime cuando es un derecho fundamental, como es el derecho al honor, el que se ve menoscabado mediante esta conducta.

Por dicha circunstancia, el consumidor que vea dañado su prestigio personal, su dignidad, por ende, su derecho al honor o reputación, podrá demandar al causante en base a lo establecido en el artículo 1902 CC.

De la misma manera, la L.O. 1/1982, en concreto su artículo 7.7, permite reclamar la tutela jurisdiccional basándose en su normativa.

El consumidor siempre puede ejercer sus derechos en materia de datos personales (los llamados derechos ARCO: acceso, cancelación, rectificación, oposición) mediante demanda ante la jurisdicción civil, contra la entidad acreedora, contra la Entidad Responsable del Fichero, o contra las dos.

Si tienes dudas, contacta con BAQUERO GARCES, somos abogados especializados:

Escolarización en Centros Públicos y Concertados: Conoce los nuevos criterios

El 31 de enero del presente año, se llevó a cabo la aprobación de un nuevo Decreto que ha provocado la modificación de algunos de los elementos definitorios del procedimiento de admisión en los centros docentes.
A continuación pasaremos a un análisis pormenorizado de las principales novedades que podemos encontrar y qué repercusión podrán tener de forma más directa sobre las familias que cuentan con circunstancias especiales, por verse afectados para llevar cabo un traslado de su lugar de residencia, al encontrarse inmersos en un traslado forzoso o por ser víctimas de violencia de género.

Procedamos pues a analizar las modificaciones específicas:

– Uno de los criterios insertados en esta nueva regulación, es la reiteración de la igualdad efectiva con la que han de contar los alumnos con necesidades específicas, anteriormente se permitía que estos accedieran a cualquiera de los centros que ostentasen los recursos específicos, mientras que actualmente se establece que será competencia de la Consejería determinar los centros que contarán con recursos específicos para atender a necesidades particulares.

También se concreta con respecto a este colectivo de menores, que a diferencia de lo establecido con anterioridad en el que eran los consejos escolares junto con los titulares del centro los que resolvían la admisión de estos alumnos, ahora será competencia exclusiva de la dirección del centro la resolución de la admisión de este alumnado junto con el resto de alumnos.

– Se permitirá el incremento de vacantes en centros públicos y concertados hasta un 10% del número máximo permitido para casos de movilidad forzosa de los progenitores o por adopción o modificación de medidas de protección de menores. Con esta modificación se permite que no existan restricciones para los menores que se ven obligados a trasladar su domicilio habitual a otro lugar, permitiendo así acercarse a esa panacea llamada “conciliación laboral – familiar” de la que tanto oímos pero de la que queda tanto por alcanzar.

Con respecto al nuevo criterio introducido “movilidad forzosa”, el presente Decreto precisa cómo ha de acreditarse el encontrarse en dicha situación, indicando que será necesaria la presentación de:

1. Informe de la vida laboral.
2. certificado expedido por la persona titular de la empresa responsable de dicho traslado (debiendo contener el lugar de trabajo y la duración del mismo).

-Un certificado histórico de empadronamiento en la nueva localidad.

Por otro lado haciendo referencia a la adopción o modificación de medidas de protección de menores, se establece que habrá de aportarse junto con la solicitud de admisión la documentación pertinente que acredite el encontrarse en dicha situación.

– Con respecto a la renta que se tendrá en cuenta como criterio de admisión la renta per cápita de la unidad familiar en lugar la renta anual, ésta nueva renta se va a calcular mediante la división de la renta total entre el número de miembros que componen la misma unidad familiar.

– En cuanto a la prioridad en la admisión del alumnado se establecen las siguientes:

1.Alumnos que por la localización de su domicilio, o lugar de trabajo de sus padres o tutores cuenten con prioridad en un determinado ámbito territorial.

2.Alumnos cuyo traslado a un nuevo ámbito territorial venga motivado por el traslado de la unidad familiar o por motivos derivados de actos de violencia de género.

– Se insertan como alumnos con necesidades específicas los menores que se encuentren sujetos a guarda y tutela de una Entidad Pública de protección de menores.

– Una modificación muy relevante es el papel que jugará tras la reforma el consejo escolar, hasta el momento tenía un papel decisorio en el proceso de admisión, con la reforma pasará a tener un mero papel informador.

– Se establece una novedosa regulación acerca de las competencias de la dirección del centro, concretándose que será la persona que se ocupe de la dirección quién decidirá sobre la admisión del alumnado.

Éste será el encargado de llevar a cabo la puntualización del alumnado así como de recibir informes sobre alegaciones emitidas por el Consejo Escolar respecto al orden de puntuaciones establecido.

– Con respecto a las plazas vacantes, se establece que si con posterioridad a la a la publicación de vacantes y haber sido cubiertas por los alumnos no admitidos siguiendo el orden de puntuación, en el caso de que se produjeran nuevas vacantes sobre éstas no tendrán prioridad aquellos que ya obtuvieron una puntuación previa en el procedimiento ordinario, sino que las mismas serán adjudicadas a través de un procedimiento independiente.

Éste proceso es el conocido como “extraordinario” cuyo plazo comenzará tras la finalización del periodo ordinario. También se establece que los menores que se encuentren bajo tutela de Entidades Públicas contarán con prioridad de admisión.[/justify]

Hasta aquí las novedades más destacadas.

MÁS INFORMACIÓN:
Para más información puede ver mi artículo “5 o 6 PASOS PARA PODER ELEGIR COLEGIO CONCERTADO”
http://baqueroabogada.blogspot.com.es/2016/03/5-o-6-pasos-para-poder-elegir-colegio.html

Normativa 2017/2018: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced

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¿Eres pensionista? ¿Quieres reducir tu factura de la luz? Aquí te explicamos cómo.

Muchas personas son desconocedoras de esta ayuda, para poder reducir tu factura debes solicitar el denominado “Bono Social” y cumplir siempre una serie de requisitos. La reducción para pensionistas está fijada en un 25% del total de la factura.

Los requisitos que se han de cumplir son estos:

– Que el titular sea persona física.
– Que el Punto de Suministro para el que se solicite la aplicación del bono social sea el de la vivienda habitual.
– Que el titular está acogido al precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) o, en caso de no estarlo, que acepta la formalización de un contrato con la comercializadora de referencia acogido a PVPC.
– Que la potencia contratada para dicho punto de suministro sea igual o inferior a 10 Kw.<br? <br=””>
En cuanto a la documentación a presentar deberás adjuntar:</br?>

– El “modelo de solicitud” correspondiente.
– Fotocopia del DNI O NIE del titular de suministro; así como los miembros de la unidad familiar.
– Certificado de empadronamiento individual o conjunto Libro de familia o, en su caso, certificación de la hoja individual del Registro Civil de cada uno de los integrantes de la unidad familiar.
– En el caso de que el titular o la unidad familiar esté integrada exclusivamente por pensionistas del Sistema de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente que cobren la pensión mínima, certificado de la Seguridad Social para todos ellos.

La solicitud se podrá hacer por correo ordinario, vía internet o entregar tu solicitud en las oficinas comerciales y puntos de servicio de la compañía. Una vez presentada tardaran ente 15 y 30 días en darte una respuesta.

En el caso de que ya fueras beneficiario del descuento, debes de renovarlo antes del 10 de Abril de 2018 ya que los requisitos han cambiado respecto a los que existían cuando te concedieron este bono. Si no vuelves hacer el trámite nuevamente dejará de aplicarse el descuento en tu factura.